La Iniciativa Pro-Justicia propicia los valores de una sociedad abierta en áreas temáticas distintas pero relacionadas entre sí:
Reforma del sistema nacional de justicia penal: Promover la capacidad del estado, con la participación activa de la comunidad, para asegurar el mantenimiento del orden, la administración de una justicia equitativa e imparcial y la protección de los derechos individuales.
Justicia internacional: Fortalecer los mecanismos que se harán responsables de los crímenes internacionales y del incumplimiento de las obligaciones estatales, incluso el Tribunal Penal Internacional, las entidades regionales de protección y los tribunales nacionales y mixtos.
Libertad de información y de expresión: Proporcionar información sobre los actos del gobierno, asegurando al mismo tiempo el derecho de disentir con las políticas oficiales mediante la expansión del acceso a la información y la refutación de restricciones indebidas, ya sea en forma impresa o a través de los medios de comunicación.
Igualdad y ciudadanía: Fomentar el derecho de mobilidad entre una nación y otra y defender los derechos de los más vulnerables al abuso, como por ejemplo, las minorías raciales o étnicas, las mujeres y las personas que no que no tienen ciudadanía.
Anticorrupción: Promover una mayor transparencia dentro de las instituciones públicas, que sirva de base para que toda investigación y participación cívica tenga mayor significancia.
Desarrollo de la capacidad legal: Cultivar la capacidad de los abogados y estudiantes de derecho en estrategias de incidencia jurídica y fortalecer la creciente red de defensores de la justicia, que son esenciales para que exista una sociedad abierta universal.